Ayer
fue el día internacional de las personas con discapacidad. Hemos
visto estos días como miles de personas se han manifestado en contra
de los recortes a las ayudas para personas con discapacidad y los
retrasos en los pagos del Gobierno y Consell. El president Bauzá tira balones
fueras, pide disculpas en un ejercicio de hipocresía cristiana culpando al anterior gobierno. La realidad, el PP
está rompiendo deliberadamente los lazos de solidaridad en nuestro
país, atacando al eslabón que más protección social y amparo
institucional necesita.
Nunca
en tan poco tiempo se había deteriorado tanto nuestra estructura
social y productiva. En un año y medio en nuestra comunidad y tan
sólo 13 meses a nivel estatal la calidad de vida, el trabajo y el
bienestar social se destruye a un ritmo de vértigo por las políticas
del PP. Unas políticas que utilizan la crisis como excusa para
hacer un desmontaje de nuestro Estado del Bienestar.
Los
economistas suelen hablar de las crisis como oportunidades. Y está
claro que lo son, pero para quién. Para los ciudadanos/as desde
luego no. Son una nueva vuelta de tuerca para empobrecer todavía más
a la sociedad, generar más brechas y desigualdades, y que los
poderes financieros se enriquezcan a través de la socialización de
sus pérdidas y sus deudas.
A
esta ofensiva en lo económico y social, le hemos de añadir la
contra-reforma ideológica, ultra-conservadora en el terreno de la
eticidad pública .
Es
en estos momentos de desasosiego, de schock la derecha europea,
capitaneada por Merkel encuentra la oportunidad para lucrarse con el
desmontaje de nuestro Estado del Bienestar tal.
Un
Estado del Bienestar que se generó a través de las alianzas, que garantizaba desde
lo público la igualdad y la cohesión social. A día de hoy, el
decreto ley y la imposición ha sustituido al diálogo sincero. A la
democracia.
Y
nuestros gobernantes del PP distan mucho de preocuparse por resolver
las desigualdades, todo lo contrario, las agravan cuando recortan
becas de comedor, de transporte, las becas de estudio. Cuando
recortan un 15% la prestación de la ley de la dependencia, cuando el
gobierno deja de pagar las cotizaciones sociales de las personas
cuidadoras, en su mayoría mujeres, o eliminan las bonificaciones
para que las personas puedan conciliar y coger excedencias por
cuidado de sus hijos menores.
Recortes
en el plan 0-3 años en el que tanto trabajamos los socialistas los
últimos años, siendo estas políticas fundamentales para fortalecer
nuestro Estado del Bienestar y romper con roles milenarios que nos
han situado a las mujeres en la esfera reproductiva y privada,
recortes en políticas de conciliación, en igualdad, en la lucha
contra la violencia de género, con un 27% menos de presupuesto
estatal para luchar contra esta lacra. Por no hablar de las políticas
activas de ocupación, las reformas en educación, en sanidad,
volviendo a un sistema donde miles de mujeres económicamente
dependientes de sus maridos han sido excluidas del derecho a la
salud, y sus cartillas del médico están vinculadas a las de sus
maridos, todos estos recortes injustos hacen que esta crisis recaiga
sobre las espaldas de los más vulnerables, entre las que nos
encontramos las mujeres.
El
PP es como el napalm con nuestras conquistas sociales y todo lo que
tenga que ver con políticas de igualdad.
En
Mallorca Lo hemos visto en el Consell, con la supresión de la
Dirección Insular de Igualdad -organismo de igualdad creado la
pasada legislatura por el compromiso de Francina Armengol con la igualdad entre mujeres y hombres- organismo
desmontado por María Salom, dejando huérfanos a los
Ayuntamientos en la promoción activa de estas políticas. No
renovación de las agentes de igualdad, clausura de la Escuela
feminista Genérica, el Plan de Igualdad el cajón, un Plan
estratégico que no se impulsa y que Cirer todavía consulta con
su confesor. No se ha convocado ni una sola vez al Consell de la Dona
insular, ni la comisión de transversalidad.
Eso
sí, en su lugar han creado una nueva dirección insular de caza, con
la que hacer clientelismo y regarlos de subvenciones para que puedan
comprar cartuchos. Más de 300.000 € en subvenciones para
cazadores.
Un
gobierno autonómico insensible, testosterónico, con consejeros que
nos hacen avergonzar a nivel internacional, que no tiene ni una sola
mujer consejera. Con un IBD degradado por la falta de capacidad y
liderazgo de su directora, con un presupuesto cada vez más reducido,
recordemos que este año tendrá así 400.000 € menos, y esto
incidirá en la calidad del servicio y apoyo a las mujeres víctimas
de violencia de género.
Sin
embargo, los golpes más duros vienen de la mano del ministro
Gallardón, enemigo público de la igualdad, artífice de este viaje
en el tiempo que nos retrotrae a tiempos de infausta memoria.
Con
una reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de
interrupción voluntaria del embarazo que volverá a penalizar la
voluntad de las mujeres, pretendiendo ir más allá de donde su padre
se atrevió a llegar, planteando la eliminación del aborto en caso
de malformación fetal. Cinismo e hipocresía de quienes defienden
el derecho a la vida del no nacido pero abandonan a su suerte a
personas con discapacidad y dependientes. ¡Preocúpense un poquito
más de la vida digna de los presentes y dejen de joder al personal!
La
implantación de tasas judiciales excluirá a millones de personas a
la tutela de la justicia, nos privarán de un derecho básico en
democracia, y lo que es más peligroso aún, y disuadirá a miles de
víctimas de violencia de género de separarse de su agresor.
Obligará a que las víctimas se lo piensen dos y tres veces antes
de separarse de su agresor. El Partido Socialista presentamos la
semana pasada en el Parlamento una propuesta para que las mujeres
víctimas quedasen exentes del pago de tasas judiciales en los
procesos civiles, propuesta que fue rechazada por el PP.
Nunca
en un año se había hecho tanto daño a nuestro Estado del Bienestar
y nuestra democracia.
Los
y las socialistas desde las instituciones, desde el trabajo de
partido en la calle, con nuestra militancia, con entidades y desde
la movilización social, hacemos todo lo que está en nuestra mano
para denunciar estos atropellos, bien a través de recursos a la
justicia (caso del tasas de la justicia, reforma laboral) acudiendo
al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, presentamos nuestras
propuestas y alternativas en los grupos municipales, del Consell y
parlamento para frenar esta oleada destructora y poniendo nuestras
alternativas sobre la mesa. Alternativas que el rodillo de la mayoría
absoluta del PP hacen imposible cuajar, aunque sorprendentemente, en
el caso del Consell de Mallorca, alguna que otra vez el equipo de
Gobierno de María Salom se sume a nuestras propuestas económicas
para hacer sostenible la institución. Quizás la lectura tenga que
hacerse más en clave de desavenencias y conspiraciones internas que
no por lealtad institucional y defensa del Consell de Mallorca.