La
historia del patriarcado ha sido la historia de la opresión de las
mujeres. En nuestro país el PP pretende arrebatarnos una conquista
que ha tardado mucho en llegar desde que la II República nos lo
concediera y que fue nuevamente legislado en 2010 por el gobierno
socialista, el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo no
deseado.
No
fueron pocas las presiones y manifestaciones de los que pretenden
imponer su moralidad desde los púlpitos y se pasan por el arco del
triunfo la presunta aconfesionalidad de nuestro estado. Encolerizaron
con el matrimonio homosexual y hemos visto cómo se las gastan en el
país de la “liberté, égalité y fraternité”. También tienen
su propia caverna. Aquí, eso no es noticia, la cuestión es que
ahora tienen barra libre y connivencia ideológica de quienes nos
gobiernan.
Nuestro
ministro de justicia resulta que es más retrógrado que su padre,
quien ya recurrió al Constitucional la primera ley del aborto. Otro
ministro de interior, Jorge Fernández compara a las mujeres con
terroristas. Diputadas del PP que afirman que las mujeres que abortan
son tontas e ignorantes, ministras que se colocan la mantilla y se
genuflexan ante instituciones no democráticas. Nuestro Presidente
ha querido ser en algo el primero y lo fue visitando al Papa. La
contra-reforma educativa del ministro Wert no está pactada con la
comunidad pero sí con la Iglesia y para desgracia nuestra, las
políticas de ocupación, a falta de competencia de la Sra. Báñez,
las hace la virgen del Rocío.
Mariano
Rajoy está firmemente decidido a cumplir su programa electoral en un
único punto: el recorte en derechos y libertades de las mujeres.
Tanta pancarta de la Conferencia Episcopal y el Foro de la Familia ha
de ser recompensada. Llama escandalosamente la atención que ante los
6,2 millones de personas paradas de nuestro país, los desahucios o
la pobreza infantil hayan permanecido callados.
El
Partido Popular quiere arrancarnos una conquista social por puro
sectarismo ideológico. Colocándonos a la cola de Europa, por detrás
de un país tan fuertemente marcado por la religión como es Irlanda.
Pretenden ir más allá de la ley aprobada por Felipe González en
1985, hacerla más prohibitiva, haciéndonos retroceder tres décadas
a las mujeres españolas.
En
2010 el gobierno socialista aprobó una ley de plazos como nuestros
vecinos europeos, tal sistema nos permite en las 14 primeras semanas
decidir libremente interrumpir un embarazo no deseado. Pasado ese
marco, se permite sólo en circunstancias de graves riesgos para la
salud de la mujer o anomalías en el feto.
La
propuesta de Gallardón elimina los plazos. Nos incapacita para
decidir libremente sobre nuestra maternidad, incluso aún a riesgo de
correr peligro nuestra salud será más complicado. Pero la cosa no
queda sólo ahí: recordándonos al caso de la joven salvadoreña que
está viviendo un calvario por la legislación prohibicionista,
quiere eliminar el supuesto de la malformación fetal, obligando a
seguir adelante a la mujer, aunque la familia haya decidido lo
contrario. Una abominación que condenará al sufrimiento de muchas
familias y criaturas.
La
derecha se ha echado la sotana al cuello y se ha puesto a legislar en
contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En
Mallorca, Maria Salom ha eliminado la Dirección Insular de Igualdad
y cualquier programa que huela a feminismo. José Ramón Bauzá nos
trae al parlamento una ley esperpéntica de apoyo a las mujeres
embarazadas, pactada con un instituto relacionado con el OPUS DEI,
el mismo que redactó el nuevo protocolo de interrupción voluntario
del embarazo. Grupos contrarios a la libertad de las mujeres a
quienes han regado con nuevos conciertos educativos y con quienes
convenían programas como “Más Vida”, que forman parte de la
ultracatólica “red madre” y que tiene la única finalidad de
limitar la autonomía de las mujeres . En el fondo subyace la idea de
que las mujeres tenemos que estar sexualmente sometidas, que nuestro
cuerpo es malo, es pecado. Y que sólo la maternidad, nos hace,
“mujer, mujer.”
Es
la hipocresía de una derecha más preocupada por la vida
intrauterina que por las condiciones de vida digna de las mujeres y
sus hijos. Las que sufren las consecuencias de la reforma laboral,
los recortes en conciliación, en guarderías públicas, los recortes
en sanidad, en educación de sus hijos, la retirada de prestaciones
sociales.
Volveremos
a esa España monocolor con dos tipos de mujeres: las de primera, que
podrán pagarse como antaño un viaje y sus gastos para interrumpir
un embarazo de manera legal y con todas las garantías para su salud
y las mujeres de segunda, quienes tendrán que recurrir a la
clandestinidad, como delincuentes, poniendo en peligro su propia
vida.
¿Es
esto lo que quiere el Gobierno del Partido Popular? ¿Qué mueran
mujeres en España por un aborto inseguro?
Si
el Gobierno va a ir de la mano de los obispos para limitar nuestros
derechos, el PSOE lo tenemos claro: recurriremos al Tribunal
Constitucional y exigiremos una denuncia de los acuerdos con la
Santa Sede. España es un estado aconfesional y no podemos tolerar
que un gobierno se pliegue a la voluntad de la jerarquía católica.
Las
leyes no se modifican al dictado de ninguna moral religiosa. La
Iglesia presionando y el Gobierno del PP cediendo vulneran este
principio Constitucional.
