8 de marzo, la lucha continúa.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos más razones que nunca para reivindicar nuestros derechos frente a las agresiones y violencia institucional ejercida por las políticas austericidas y de destrucción del Estado del Bienestar que está llevando a cabo el Partido Popular.

Si los recortes y eliminación de servicios públicos son nocivos para el bienestar social, son letales para las mujeres. Esta crisis está profundizando en las brechas sociales y las desigualdades de género. Nosotras, sin lugar a dudas nos estamos llevando la peor parte.

La reducción de derechos relacionados con el trabajo, la educación, con la salud, con la atención a la dependencia, los tijeretazos en programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida hacen que las mujeres se queden en el paro, vean reducida su calidad de vida y que además tengan más dificultades para la conciliación.

Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del Gobierno de modificar la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con un solo objetivo, el de eliminar el derecho a decidir de las mujeres. El camino está marcado con el nombramiento de un nuevo Comité de Bioética de un claro signo ultraconservador, en el que la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en contra de la decisión de las mujeres.

La derecha está haciendo tambalear conquistas históricas. En muy poco tiempo hemos retrocedido décadas. Con la crisis como ariete y el déficit por bandera se han emprendido contra-reformas estructurales de gran calado que están transformando nuestra sociedad: se están debilitando las instituciones, la negociación colectiva, lo público, para ahondar en una sociedad más desigual e insolidaria. Los gobiernos del Partido Popular se están plegando al fundamentalismo religioso, con una Conferencia Episcopal que ha tenido más peso en la reforma de la LOMCE que la propia comunidad educativa. Eliminando la europea asignatura de educación para la ciudadanía y sustituyéndola por otra que no recoge contenidos relativos a la igualdad de género u orientación sexual. La religión volverá a ser obligatoria y a computar mientras eliminan horas lectivas de filosofía y de historia de la filosofía, devastando desde el sistema la capacidad crítica de la sociedad. La escuela pública se debilita, se mercantiliza y los recursos públicos en lugar de destinarse a fomentar la coeducación, se emplean aumentar ratios, quitar programas de refuerzo y realizar nuevos convenios con escuelas que segregan por sexo.

En nuestra Comunidad no tenemos una ley de igualdad actualizada simple y llanamente porque el Instituto de Política Familiar, vinculado al OPUS DEI, no ha querido.

Regresamos a un país en blanco y negro donde se consagra la libertad religiosa por encima de la dignidad de las mujeres, donde los burkas son inocuos y no representan la sumisión de las mujeres y la vulneración de derechos humanos.

Nuestros gobernantes rezuman homofobia y anti-feminismo. En este país la derecha es más ultra que liberal. Los neomachismos encuentran el altavoz perfecto. Declaraciones como las Toni Cantó de UpyD calumnian a las víctimas de la violencia de género, minimizan la dimensión del problema y cuestionan la credibilidad de las denuncias de las mujeres que dan el difícil paso, otorgando desde la Tribuna legitimidad al mito de las denuncias falsas que promueven los amigos del pretendido síndrome de alienación parental. Esto es inadmisible.

El colmo del despropósito, el “tasazo” judicial que dificultará a la ciudadanía al acceso a la justicia, con un efecto demoledor sobre las mujeres más vulnerables o sobre las víctimas de violencia de género, condenadas por la insensibilidad de este gobierno a convivir con sus agresores si éstas no tienen independencia económica para separarse de ellos.

Este 8 de marzo tenemos buenas razones para movilizarnos y reivindicar. Las políticas del PP nos han traído más recortes, más desempleo, que se ceba con las más jóvenes y las mujeres mayores de 55 años, más brecha salarial y una disminución considerable de prestaciones públicas para la autonomía de las mujeres y su bienestar.

Desde el Partido Socialista seguimos trabajando por la igualdad y la emancipación de las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia, y porque tenemos un compromiso con un modelo social que garantice la justicia y la equidad. Sin lugar a dudas, el cambio que necesitamos para salir de esta crisis -que es económica, pero también política y social- pasa por contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Sólo de esta manera podremos salir reforzados de esta terrible crisis. Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro del cambio.