POR EL DERECHO A UNA MATERNIDAD LIBRE Y RESPONSABLE

El año 1985 supuso un hito en la historia de nuestra joven democracia. En este año, se despenalizaba el aborto en tres supuestos: riesgo para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, malformación fetal o violación (aborto ético). Tal despenalización permitía abordar el fenómeno de la interrupción de un embarazo complicado o no deseado con garantías de higiene y seguridad. No podemos olvidar que legal o no, esta práctica ha existido siempre. Hace 25 años se cifraban unas 100.000 mujeres que interrumpían su embarazo en condiciones de precariedad e inseguridad, causándoles en muchos casos la propia muerte. Sólo las mujeres de clases más pudientes podían salir al extranjero para garantizarse unas mínimas condiciones sanitarias . Éstas se cifraron en unas 30.000 al año.

En una democracia como la nuestra que ha superado la mayoría de edad ¿las mujeres debemos ser perseguidas con consecuencias penales sólo por el hecho de querer ejercer una maternidad responsable e interrumpir un embarazo no deseado?

Tenemos una legislación sobre IVE (interrupción voluntaria del embarazo) que prima la prohibición sobre la libertad y los derechos de las mujeres. España ha cambiado sociológicamente mucho respecto a los primeros años de la democracia, y actualmente existe una visión social más abierta y menos influenciada por la moral férrea del nacional catolicismo que estos días vuelve a planear de nuevo con campañas burdas y demagógicas que dicho sea de paso, probablemente se paguen a través de los impuestos de la ciudadanía.

Es un despropósito que se haga política desde los púlpitos. Parece ser que en muchas comunidades autónomas, incluso en la nuestra se continúe la campaña iniciada por la Conferencia Episcopal colocando lazos blancos en las indumentarias de los cofrades.

Ya está bien de utilizar el cuerpo de las mujeres como bastión para el control y mantenimiento de un orden patriarcal institucionalizado a través de la jerarquía eclesiástica. Basta ya de terceros interfiriendo en la libertad y voluntad de las mujeres.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son derechos humanos, y así está reconocido por la legislación internacional, declaraciones, conferencias mundiales de la Mujer, resoluciones Europeas, etc.

Me gustaría saber cuál es la postura del Partido Popular, quien recuerdo, no derogó tal ley mientras gobernó este país, y que ahora, oculto en grupos fundamentalistas (que hasta ahora no se habían manifestado más que para cuestionar los derechos de las parejas homosexuales y para reivindicar la familia tradicional) quiere retrotraer el debate para restringir derechos de ciudadanía adquiridos. Escudándose en consideraciones morales, son incapaces de abogar por una ética universalista que posibilitará a las mujeres el ejercicio de su voluntad.

El Partido Socialista apuesta por una ley de plazos sumada a las indicaciones actuales para proteger mejor la salud de las mujeres. Un país como el nuestro, en el que tenemos la legislación en materia de igualdad de género más avanzada de toda Europa, no podemos estar a la cola de Europa en materia de legislación sobre interrupción del embarazo.

Poder decidir sobre la interrupción del embarazo no deseado en un plazo de 14 semanas, no será una obligación para ninguna mujer, sino un derecho, una posibilidad. Este plazo de 14 semanas es un plazo adecuado donde se garantiza que la mujer pueda tomar una decisión responsable sobre su maternidad y garantizar por otro lado la tutela efectiva del Estado hacia el nasciturus, ya que el criterio de la viabilidad fetal será el criterio para fijar el plazo máximo en el que la mujer pueda interrumpir voluntaria y libremente su embarazo.

Más allá de este plazo, sólo se podrá interrumpir en el caso de riesgo para la salud de la mujer.
Las estadísticas nos muestran que el 90 % de las IVE actualmente se desarrollan antes de la semana 12. La reforma de tal legislación, dará mayor garantías a las mujeres y a los profesionales médicos.

A veces pareciera que la derecha más reaccionara negase la facultad de las mujeres a tomar una decisión libre, autónoma e informada. No necesitamos tutelas morales de ningún tipo. Necesitamos el respeto y las garantías del Estado para poder decidir libremente sobre nuestra sexualidad y derechos reproductivos, derechos inalienables de las mujeres.

Quizás, en el trasfondo de esta cuestión, esté el debate que deberemos abordar tarde o temprano, sobre la necesidad de separar los ámbitos de las creencias, de la moral y el de la ética del estado, del laicismo.